Veda pesquera: Santa Fe y Entre Ríos anunciarán cupos mínimos de exportación
El contrato entre la Provincia y Aguas Santafesinas seguirá vigente hasta que se apruebe una nueva ley sanitaria
El Gobierno provincial dispuso una nueva prórroga sobre el vínculo jurídico que sostiene el funcionamiento de la empresa estatal, mientras se prepara un marco legal actualizado para el servicio de agua potable y saneamiento.
A través de un nuevo decreto firmado por el Ejecutivo provincial, se resolvió extender —una vez más— el contrato transitorio que mantiene la relación entre la Provincia y Aguas Santafesinas S.A. (ASSA). La medida no fija un plazo ordinario de finalización, sino que *queda condicionada a la aprobación e implementación de una futura ley sanitaria*, actualmente en elaboración.
Se trata de una continuidad formal que viene renovándose desde 2007, cuando la gestión de los servicios volvió a manos estatales tras el final del modelo privatizado heredado de los años ’90. Desde entonces, distintos gobiernos provinciales fueron prorrogando el marco regulatorio mientras se aguardaba un sistema legal definitivo.
En esta oportunidad, además de extender el vínculo, se instruyó al Directorio de la empresa a convocar a una Asamblea Extraordinaria para modificar el artículo del estatuto societario que define el plazo de duración. La nueva redacción establece que la vigencia se extenderá por veinte años desde su vencimiento actual, con posibilidad de ampliarse para cumplir obligaciones pendientes relacionadas con el servicio.
Un esquema legal que lleva 18 años sin definición final
La figura de “contrato transitorio” fue creada tras el regreso del servicio a la administración estatal en 2006. Un año después comenzó el período de prórrogas que ya acumula 18 años, atravesando distintas gestiones políticas sin que se alcanzara un acuerdo legislativo integral.
Mientras tanto, continua vigente la ley que fue diseñada para un modelo de prestación privada, lo que genera la necesidad de discutir un marco actualizado que contemple la realidad estatal, la inversión pública y la planificación a largo plazo.
El nuevo debate legislativo aparece ahora en un contexto nacional particular, donde vuelve a instalarse la discusión sobre privatizaciones en empresas públicas de servicios, en paralelo con el pedido de varias ciudades de Santa Fe para que se concreten obras de infraestructura largamente comprometidas.
Desafíos urgentes y expectativas locales
Santa Fe, Rosario, Rafaela y otras ciudades reclaman mayor capacidad de producción y distribución de agua potable, junto a mejoras en los sistemas de recolección cloacal, obras de ampliación y modernización tecnológica.
Mientras se define el futuro legal y operativo, la discusión que se abre vuelve sobre la misma pregunta que permanece desde hace casi dos décadas:
¿Cuál será finalmente el modelo de gestión y financiamiento para garantizar un servicio sostenible, moderno y equitativo en toda la provincia?
